Para que una intervención de desarrollo tenga un impacto en el largo plazo que contribuya a
erradicar las causas estructurales generadoras de desigualdades, es imprescindible tener en
cuenta en cada fase las variables transversales.

El enfoque basado en los derechos humanos propone garantizar los derechos de las
poblaciones excluidas y vulneradas.
Este enfoque se dirige a la construcción de procesos en los cuales las personas se reconocen y
actúan como sujetos de derecho y no sujetos de necesidades. Por lo tanto, las intervenciones
que se implementan permiten el desarrollo de capacidades autogestivas y empoderadoras.
Por lo tanto, el enfoque de derechos se define desde un marco conceptual que pone en el
centro a los seres humanos sujetos de derechos y entendiendo a los Estados como garantes de
estos derechos, derivados de un marco jurídico internacional que vincula los distintos
Gobiernos a su aplicación en ámbito nacional.
Un programa o proyecto orientado por el enfoque basado en los Derechos Humanos adopta
una visión holística del entorno, teniendo en cuenta los titulares de obligaciones (las
autoridades locales y nacionales) y los titulares de responsabilidades (las organizaciones, el
sector privado, los medios de información, donantes asociados en actividades de desarrollo,
instituciones internacionales, la sociedad civil). Tiene presente el marco social, político y legal
que determina la relación entre esas instituciones y las exigencias, los deberes y las
responsabilidades resultantes.
El enfoque de Derechos Humanos exige en primera instancia abordar las relaciones de poder
que existen en el contexto en el que se pretende intervenir y considerar las causas
estructurales de la falta de acceso y respeto a estos derechos.
El análisis de situación se utiliza para identificar las causas inmediatas, subyacentes y
fundamentales de los problemas de desarrollo. Incluye a todos los grupos de interés, entre
ellos, las capacidades del Estado como principal garante de derechos y el papel de otros
agentes no estatales.
Es una aproximación a la realidad de forma integral, que busca hallar las raíces de las
desigualdades y proponer soluciones estructurales que aporten sostenibilidad a la
intervención.

El enfoque participativo se basa en procesos metodológicos de acciones con y desde la
comunidad, para el desarrollo integral de la misma, es decir, un desarrollo sustentable,
sostenible tanto económico como ambiental y socio-cultural. Parte de un conocer crítico de la
realidad compleja (y de problemáticas multidimensionales) que aborda y del principio de
reconocimiento del ser social, es decir, un sujeto activo, histórico, implicado en el proceso y la
tarea de las acciones organizadas para la transformación de su propia realidad social. Las
acciones en este modelo son sociales. La intervención participativa se fundamenta en el “tomar parte, actuar con otros” en una acción programada transformadora y socialmente
integradora, que se realiza conjuntamente entre un agente externo (la organización) y agentes
internos de la comunidad para el cambio, la transformación, de las condiciones de vida en
general de la comunidad.
El rol del profesional es de facilitador de los procesos de cambio, los saberes de la comunidad y
del profesional son compartidos desde una perspectiva de horizontalidad, diálogo e
intercambio. En este sentido, los “beneficiarios” son co-partícipes del proceso de intervención
y co-autores de la planificación. El objetivo es la transformación social entendida como
ampliación de los recursos presentes y potenciales de la comunidad, no sólo la eliminación de
lo problemático o deficitario. Se busca el fortalecimiento de lo social, de lo que contribuye al
bien común, para esto se trabaja con y en pos de grupos organizados, con una mirada crítica
de la dinámica grupal.
En este sentido el modelo participativo de intervención comunitaria tiende al abordaje
integral, que reconoce la heterogeneidad de las situaciones y plantea líneas de acción
articuladas e interrelacionadas en diferentes ejes de la vida social (salud, educación, cultura,
producción, derecho, medio ambiente social, espacios públicos, recreación, etc) y en
diferentes planos (prevención, atención, capacitación, etc.), desde una planificación
estratégica de diseño de intervención con objetivos a mediano y largo plazo, para la
construcción de autonomía. Para ello es fundamental la profesionalización del equipo de
intervención y el trabajo interdisciplinario.
Los resultados de las intervenciones participativas integrales, que se sustentan en el desarrollo
de base de las comunidades, son más efectivos y duraderos que las intervenciones directivas
asistenciales.

El concepto de empoderamiento, que significa adquisición del poder, tiene su origen en la
educación popular, desde la aportación de Paulo Freire. En esta línea el empoderamiento se
asocia al proceso de fortalecimiento de capacidades, confianza, visión y protagonismo de una
persona, así como de un grupo social, con el objetivo de construir desde la toma de conciencia,
un cambio positivo dentro de una sociedad caracterizada por la desigualdad.
Mediante este enfoque se implementan acciones que fomentan el acceso de las poblaciones
vulneradas al uso y control de los recursos materiales y simbólicos, fortalezcan su influencia y
participen de forma directa al cambio social. El empoderamiento tiene una dimensión
individual y colectiva, mediante la primera cada persona fortalece sus capacidades para
satisfacer sus necesidades, la segunda permite a los grupos de incrementar la capacidad de
participar y reivindicar su acceso y ejercicio a determinados derechos.

Transversalizar la perspectiva de género en un proyecto de desarrollo, permite la planeación
de acciones que satisfacen de esta manera las necesidades de todas y todos, sobretodo el
principio de un proceso de formación de una mirada crítica hacia el propio contexto. Por esta
razón es importante que la perspectiva de género sea relacional e incluyente, haciendo
referencia a la construcción socio-cultural de los roles y estereotipos femeninos y masculinos, y a como estos afecten la existencia de la mujer y del hombre y de las personas que no se
identifican desde el binarismo, estructurándola de manera rígida, cuando no pueden ser
visibilizados y cuestionados. Para que la perspectiva de género esté integrada dentro de un
programa o proyecto de desarrollo se deberán debatir y valorar en el proceso de planificación
participativa, las implicaciones que tienen para mujeres y hombres las acciones que se
pretenden implementar. De esta manera se garantizará que la intervención no perpetúe con la
condición de desigualdad pre-existente.

Trabajar a partir de un enfoque de Cultura de Paz significa poner en el centro de cada proceso
la dimensión cultural. Esta dimensión nos permite descentrar y decolonizar la mirada,
reconociendo las especificidades culturales de cada contexto, así como los distintos ejes de
opresión presentes (etnia, edad, género, clase social, orientación sexual, diferencia de
capacidades) y que cruzados amplifican la brecha de desigualdad social que determinan la
violencia estructural y cultural.
Mediante la consideración de este supuesto, se implementan procesos colectivos de
transformación social en los cuales se fortalece la construcción de una perspectiva positiva del
conflicto, convirtiéndolo en un hecho inherente la dinámica social, que representa una
oportunidad de crecimiento y cambio hacia relaciones más justas y equitativas. Esta
construcción es determinada por el cuestionamiento de la concepción generalizada que se
tiene del conflicto como negativo, porque está asociado a la violencia, y por eso mismo, el
cambio pasa por desaprender esta concepción y manera de afrentarlo, fortaleciendo procesos
dialógicos entre cada actor social en los cuales se enfrentan las causas estructurales
generadoras del mismo.

Implementar procesos de desarrollo que involucre el enfoque intercultural, hace referencia a
la dimensión relacional que existe entre diferentes culturas e implica que esta relación sea
dialógica y se establezca desde la horizontalidad. Es imprescindible que este enfoque se
alimente de una mirada crítica, para que las relaciones se construyan desde la identificación de
las dinámicas de poder, dominación y colonialidad que existen a nivel local y global y que
determinan una asimetría entre culturas.
A partir de este reconocimiento, las intervenciones deben favorecer la problematización de la
realidad, para que esta relación permita un cuestionamiento de los privilegios de la cultura
dominante, que establecen desigualdades sociales, económicas y epistémicas.

Tener en consideración el enfoque de desarrollo sostenible, permite visibilizar y actuar sobre la
influencia de la acción humana sobre los ecosistemas, previendo como el proceso de
desarrollo humano debe de coincidir con la capacidad de los ecosistemas de mantenerse en
equilibrio.
Asimismo, la característica del desarrollo sostenible que coincide con la equidad social, está
compuesta por dos niveles, el infra-generacional y el inter-generacional, ambos referidos a la población total del planeta. La distinción es de orden temporal, el primer nivel se refiere al
acceso igualitario en un determinado momento histórico, a los recursos medio-ambientales,
económicos y socio-culturales. Este nivel presupone que no subsista algún tipo de condición de
desigualdad. Por eso mismo es importante tener presente en las intervenciones que se
implementan también procesos de planificación que tomen en cuenta el territorio desde una
dimensión integral, que se refiere a un espacio geográfico donde habitan pueblos con
determinadas cosmovisiones y procesos históricos-políticos que los caracterizan y desde los
cuales operan.
El nivel inter-generacional, se refiere a la relación entre las generaciones presentes y futuras,
donde el acceso paritario a los recursos disponibles, implica también tomar en consideración
las generaciones futuras, para que ellas puedan tener las mismas oportunidades de las
actuales.

El enfoque de Educación para la Justicia Global nos permite visibilizar y comprometer la
ciudadanía global a los procesos que Global Humanitaria implementa en el ámbito de la
Cooperación internacional. Por eso mismo, promovemos un modelo de educación a una
ciudadanía activa y critica que ponga en valor los Derechos Humanos, la sostenibilidad, la paz y
el dialogo intercultural, teniendo en cuenta que es posible entender los contextos del Sur a
partir de sus relaciones con el sistema político, económico y social vigente en el Norte.